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JEP Colombia

¿Por fin sabremos qué pasó en la operación Orión?

Estos 17 años, familiares de los desaparecidos han marchado para exigir justicia.

Estos 17 años, familiares de los desaparecidos han marchado para exigir justicia.

Foto:Daniel Bustamante / Archivo EL TIEMPO

Víctimas solicitaron a JEP proteger sitios donde podrían estar enterrados cuerpos de desaparecidos.

Juan Carlos Rojas
El 17 y 18 de julio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública en Medellín con el fin de obtener información para establecer la viabilidad de proteger –mediante una medida cautelar– La Escombrera y La Arenera, lugares donde se presume que hay cuerpos enterrados de habitantes de la comuna 13 reportados como desaparecidos.

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La audiencia sucede casi un año después de la presentación de un informe, en octubre del 2018, donde varias organizaciones defensoras de derechos humanos y las víctimas que dejó la operación Orión recopilaron relatos de las vulneraciones ocurridas en la comuna durante esta violenta intervención y le piden a la JEP medidas cautelares sobre estos sitios.
La protección de dichos sitios se solicitó con el fin de “reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto como garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares”. Otro de los argumentos de la petición es que allí se siguen sepultando cuerpos en el marco de la violencia que aún se vive en la comuna.
Estas afirmaciones chocan con las declaraciones de la Alcaldía de Medellín, que señala no haber hallado cadáveres en las primeras excavaciones hechas para tratar de localizar los cuerpos de personas que actualmente aparecen en los registros oficiales como desaparecidas.
Fiscalía habría perdido restos de víctimas de desaparición forzadaJEP hará audiencia sobre desaparición forzada en comuna 13 de MedellínEl arte cubrió el cementerio de la comuna 13 de Medellín
Además, durante la audiencia se reveló que esa entidad había buscado mantener bajo reserva un informe que en el 2010 contrató con la Universidad de Antioquia y que contiene entrevistas hechas por la institución a víctimas y victimarios de los casos de desaparición forzada. El informe detalla datos sobre sitios de enterramientos clandestinos y casas de tortura, reafirmando así la hipótesis de que la desaparición de habitantes de la comuna 13 fue una política promovida por grupos paramilitares y agentes del Estado. En esto coinciden las declaraciones de María Victoria Fallón Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (Gidh), y algunos apartes del informe de la Universidad de Antioquia divulgados por la revista ‘Semana’ el pasado 18 de julio.
Las declaraciones y formas de proceder de la Alcaldía de Medellín son una muestra de negligencia con las víctimas y su reparación, pues impiden que aflore la verdad sobre este violento episodio. Evade la responsabilidad por los crímenes cometidos y su deber de aportar al esclarecimiento y reparación de quienes han sufrido, desde la incertidumbre, las crueldades del conflicto armado.

¿Qué pasó en la comuna 13?

Como bien lo relata Maurice Lemoine, periodista e investigador francés, el 29 de mayo del 2002 se adelantó en área urbana de Medellín, puntualmente en la comuna 13, un primer operativo militar cuyo objetivo era ‘pacificar’ una zona con presencia del Eln, las Farc y los Comandos Armados del Pueblo (Cap). Fue llamada operación Mariscal.
Meses después, ya con Álvaro Uribe en la presidencia, la hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, al frente del Ministerio de Defensa, y el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en la Alcaldía de Medellín, se ordenó ‘retomar’ la comuna 13 en el marco de la política de seguridad democrática. Bajo esa dirección se llevaron a cabo las operaciones Antorcha (15 de agosto) y Orión (16 de octubre).
En ambos operativos participaron cinco batallones de la IV Brigada y el batallón de contraguerrilla del Ejército, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (Fudra) y efectivos de la Policía Metropolitana de Medellín y de Antioquia, que contaron con el apoyo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Antes, durante y después de las operaciones, los agentes del Estado trabajaron de la mano con grupos paramilitares e informantes, entre los que se encontraba Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre.
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, exjefe del bloque Cacique Nutibara del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, cuenta así lo ocurrido en la operación Orión: “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares. Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados. Se identificó (sic) varias personas: algunas fueron dadas de baja, otras fueron capturadas y después desaparecidas”.

Un territorio codiciado

Aquella fue una época sangrienta que marcó el tránsito de una guerra rural hacia una guerra urbana. El resultado no fue la pacificación de la comuna 13, sino un cambio de bando en el poder.
Poco después de la operación Orión, cuando se suponía que fueron golpeadas las milicias del Eln y las Farc, los grupos paramilitares se tomaron el sector, imponiendo su régimen de terror. Luego de la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara (en el 2003) y Héroes de Granada (en el 2005), continuaron con el control territorial criminal, manteniendo la misma organización y lógica armada.
En cierta medida, podría considerarse que la operación Orión fue un ‘falso positivo territorial’. A la opinión pública se le mostró que las Fuerzas Armadas habían logrado recuperar una zona. Pero si antes las guerrilleras imperaban, ahora los paramilitares hacían un festín con una comuna amablemente concesionada por agentes del Estado.
Cabe recordar que la comuna 13 es un territorio en disputa por ser estratégico para grupos armados ilegales y organizaciones criminales debido a su conexión con el occidente de Antioquia. Esto lo ha convertido en un corredor ideal para el tráfico de armas y estupefacientes. Ese es el motivo por el que, a pesar de todas las intervenciones, sigue estando inmersa en el conflicto.

Nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban ncapuchados.
Se identificó (sic) varias personas: algunas fueron dadas de baja

La esperanza en la JEP

Lo cierto es que, diecisiete años después, la herida sigue abierta. Ha sido difícil desenterrar la verdad en La Escombrera, La Arenera y un par de sitios más en los que funcionaban casas de tortura o fosas comunes clandestinas.
Esto se debe a las múltiples irregularidades que existen en los procesos de búsqueda e investigación a cargo de la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, lo que impide que las víctimas obtengan sosiego y los muertos, como dirían los creyentes, reciban una cristiana sepultura.
Si bien estos hechos no se han vinculado oficialmente al caso 003 de la JEP (‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’), las alianzas y la connivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado, así como la manera en que operaban, dan cuenta de una estrategia que pretendía mostrar resultados sobre la recuperación de un territorio, pero que al mismo tiempo condujera a exterminar con las balas a los grupos insurgentes y a sus supuestos colaboradores.
Queda esperar que la JEP, en el cumplimiento de sus funciones y del compromiso que tiene con las víctimas, alcance un poco de justicia, consuelo y reparación para quienes siguen llorando y buscando a sus seres queridos. Ojalá que esa verdad que empieza a develarse no termine ocultada como el informe de la Universidad de Antioquia, ni sea obnubilada por los alegatos exculpantes de los funcionarios que han estado a cargo de estos casos.
Parte de los acuerdos derivados de la audiencia de julio tienen que ver con nuevas delimitaciones y excavaciones en los lugares señalados. Pero mientras se da ese proceso, las zonas están vulnerables ante la manipulación, como ha sucedido durante tantos años.
NORELA MESA* Y ALFONSO INSUASTY**
Razón Pública
* Socióloga de la Universidad de Antioquia, investigadora e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz-Colombia) y miembro del grupo autónomo de investigación Kavilando.
** Licenciado en Filosofía, especialista en Ciencias Políticas, magíster y estudiante del doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal.
*** Razón Pública es un centro de análisis y pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
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