Interior reactiva las deportaciones a Mauritania desde Canarias

Tras ocho meses en suspenso, forzado por el cierre de fronteras impuesto por la pandemia, el Ministerio del Interior reanudará la expulsión a Mauritania de inmigrantes llegados irregularmente a Canarias. Según fuentes conocedoras del operativo, el primer vuelo de deportación se realizará la semana que viene, previsiblemente el próximo día 10. Actualmente hay 23 personas en el centro de internamiento de Barranco Seco (Gran Canaria), la mayoría senegaleses, mientras que el de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, permanece vacío.

La reactivación de las deportaciones era una de las prioridades del departamento de Fernando Grande-Marlaska para enfrentar el incremento de la presión migratoria que ha desbordado a las islas los últimos meses. Con las fronteras cerradas por la emergencia sanitaria, los vuelos de repatriación se suspendieron, pero con la paulatina apertura de fronteras, Grande-Marlaska viene multiplicando los esfuerzos para retomar una de las herramientas que considera clave para el control de la inmigración irregular. Con este fin, viajó a Mauritania el pasado 18 de septiembre. Interior ha declinado realizar comentarios.

Mauritania, uno de los socios estratégicos de España en la lucha contra la inmigración irregular, es junto a Marruecos el único país que acepta la devolución no solo de sus nacionales sino de migrantes de terceros países que antes de entrar irregularmente en España se “acredite” o se “presuma” que han transitado o partido de su territorio, punto de partida de un porcentaje relevante –un 25% entre enero y septiembre– de las pateras que llegan a las islas. Este acuerdo, firmado en 2003, es clave para Interior porque gracias a él logra deportar con cierta agilidad a migrantes subsaharianos que difícilmente puede devolver a sus países por carecer de acuerdos bilaterales o por las dificultades que enfrentan las autoridades para identificarlos.

Las deportaciones a Mauritania han sido objeto de crítica por parte de organizaciones humanitarias desde que volvieron a impulsarse a finales del año pasado. En los vuelos se ha identificado a un número muy alto de malienses, que huyen de uno de los países más pobres del mundo, sumido en una espiral de violencia desde 2012, y a los que no siempre se les informa de su derecho a pedir asilo en España. Al menos una parte de ellos han sido posteriormente expulsados por las autoridades mauritanas a su país, según sus propios testimonios, las denuncias de ONG e información publicada por la Agencia Mauritana de Información.

El Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) trata el asunto en su último informe. “Se destaca el caso de los nacionales de Malí, muchas de cuyas regiones han sido declaradas como zonas de riesgo por ACNUR, por lo que España podría estar vulnerando el principio de no devolución previsto en los tratados internacionales suscritos por el propio país, así como en el Reglamento Frontex, al devolver a ciudadanos, aun por vía indirecta, a lugares que impliquen un riesgo para su seguridad”. El MNP también refiere su preocupación acerca de las “condiciones de respeto de los derechos fundamentales en Mauritania”.

En febrero de este año, coincidiendo con un aumento del ritmo de deportaciones a Mauritania, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se posicionó sobre la expulsión de malienses en estos vuelos. “La posición de Acnur sobre los retornos a Malí alerta sobre la situación de inseguridad que prevalece en distintas zonas del país, especialmente en la región norte y centro”, explicó una portavoz. “Respecto a las devoluciones, recordar que cualquier retorno a otro país se debe realizar con todas las garantías y que el Estado que la lleva a cabo, es responsable de asegurarse con el país receptor que el retorno no suponga una amenaza para la vida o la integridad de las personas retornadas, directa o indirectamente”.

Mauritania pasó de no aparecer en los listados de los vuelos de deportación a ser destino preferente con el aumento de la llegada de pateras a Canarias desde el verano de 2019. El año pasado, seis de los 19 vuelos fletados por la agencia europea de fronteras, Frontex, aterrizaron en Nuadibú, la segunda mayor ciudad del país. En ellos viajaron 146 personas, la mayoría de origen subsahariano, según el MNP. Entre enero y marzo de 2020, antes de la crisis sanitaria, se habían realizado al menos otros cuatro vuelos en los que viajaron más de 160 personas.

Interior trabaja ahora en la reactivación de las expulsiones a Marruecos, país de origen de más de la mitad de los migrantes llegados a Canarias en los últimos dos meses. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, adelantó la semana pasada tras reunirse con el cónsul de Marruecos en Las Palmas, Ahmed Moussa, que Rabat planea volver a abrir completamente el espacio aéreo entre el 6 y el 8 de noviembre, lo que permitiría retomar los vuelos de repatriación. Moussa, sin embargo, matizó a EL PAÍS que será en esas fechas cuando el Gobierno marroquí trate la cuestión, pero que la decisión aún no está tomada.