Nicaragua

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Informe ante la Reunión de Medio Año 2023
25-27 de abril
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó sus ataques contra la libertad de prensa y de expresión en este período.

En el contexto de la "campaña electoral" y la realización de votaciones municipales se incrementó la cantidad de presos políticos, la cancelación de organizaciones no gubernamentales, el robo de propiedades y la censura.

Al iniciar el año mejoraron las condiciones de visitas a presos políticos que se habían caracterizado por ser violatorias a normas nacionales e internacionales, estrategia previa a la deportación de 222 presos políticos el 9 de febrero.

El régimen expulsó a los 222 presos políticos y los despojó de su nacionalidad. Seis días después despojó de nacionalidad a otras 94 personas, entre ellas 10 periodistas, que permanecen en el país.

A las 316 personas les robó sus propiedades, les cerró sus cuentas bancarias, les negó el pago de pensiones y los borró de los registros, lo que se denominó "muerte civil" de los afectados. A pesar de ello, el régimen continuó con los procesos judiciales en contra de los "despojados". En estas condiciones condenó a 26 años de cárcel a monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, más conocido como "La Modelo".

A nivel internacional, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, denunció estas nuevas estrategias del régimen para violentar derechos fundamentales y consideró que, debido a la crueldad y la sistematización de los hechos, entran en la categoría de "crímenes de lesa humanidad".

Desde 2018, más de 185 comunicadores se han visto obligados al exilio, 21 durante este semestre.

Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en condición de solicitantes de refugio en Costa Rica vieron afectado su derecho a la movilidad mediante un decreto que limitaba su posibilidad de viajar.

En este período se registraron 55 ataques; cuatro contra medios y 51 contra personas naturales.

En octubre, la "campaña electoral" se dio en medio de la desinformación. La ciudadanía desconocía a los candidatos en la supuesta contienda. El régimen incluyó a medios de comunicación y periodistas entre las personas sujetas al Reglamento de Ética Electoral 2022.

El artículo 9 del reglamento amenaza a los medios con que pueden caer en delito electoral si hacen "uso distorsionado de propaganda, colores, emblemas, distintivos, consignas, logotipos y toda identificación partidaria... con el ánimo de dañar, difamar o denigrar los emblemas, símbolos y colores de un partido político o alianza de partido político".

Como otra muestra de la caída de la institucionalidad, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, dándose facultades para autorizar o limitar las producciones audiovisuales.

En octubre, mediante la Ley de Ciberdelitos, 13 personas fueron acusadas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

En diciembre el régimen detuvo a dos periodistas que trabajaban para la diócesis de Matagalpa, lo que confirma que periodistas y religiosos católicos son dos de los sectores más vulnerables.

Según un estudio de la abogada Martha Patricia Molina, de 2018 a 2022 el régimen realizó 190 ataques contra la Iglesia Católica.

Los ataques a la Iglesia Católica subieron de tono cuando el régimen anunció la "suspensión de relaciones" con la Santa Sede. Las hostilidades contra la Iglesia incluyeron agresiones, mensajes de odio, profanación y robos, entre otros, además de obstáculos a ONG.

La Semana Santa se celebró sin las habituales procesiones, debido a la prohibición del régimen y el asedio policial, sobre todo en Matagalpa.

En abril, la organización Monitoreo Azul y Blanco que releva las denuncias de represión policial y detenciones arbitrarias en todo el país, contabilizó 21 detenciones, la mayoría de feligreses que querían participar en actividades de Semana Santa.

También se registraron 71 incidentes relacionados con violaciones a los derechos humanos, entre estos, amenazas de la Policía y de simpatizantes de la dictadura, detenciones arbitrarias, asedio a templos católicos y hostigamiento a los opositores en frente de sus casas.

La Congregación de Hermanas Trapenses, tras casi dos meses de haber anunciado públicamente su salida "voluntaria" del país, denunció el 11 de abril que funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) informaron al obispo de la Diócesis de ese departamento que las instalaciones, en San Pedro de Lóvago, Chontales, pasarían a manos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El 12 de abril dos monjas de la congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata fueron expulsadas de Nicaragua con destino a Costa Rica.

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